“Cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario”.
Mediante tal declaración, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, y podrán en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes.
La primera inquietud que surge es si este tipo de Estados de Excepción, previstos en la Carta Política, que se decretan solo cuando se presentan hechos inesperados o sobrevinientes, es la figura adecuada para enfrentar una situación que de nuevo no tiene nada.
En realidad la emergencia financiera del sector salud se manifestó hace algunos días pero no es el arranque sino el final de un proceso que viene de tiempo atrás. En 2008, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno reorganizar el Sistema General de Seguridad Social, para acabar con la avalancha de tutelas por medicamentos y tratamientos que no se prestan.
Tutelas que surgen de la negativa de las EPS a prestar servicios no contenidos en el POS, pero que el Estado debe cubrir como garante del disfrute del derecho a la salud que tiene todo ciudadano o ciudadana.
Aquí surge un primer problema: El Estado no ha pagado a las EPS cerca de 10 billones de pesos, dineros derivados de servicios que estas ya prestaron y que no estaban en el POS. El Ministro de Protección, Diego Palacio, frente a esta situación ha manifestado que gran parte de estas deudas ya se cancelaron, mientras que las EPS exigen pagos urgentes por cerca de 500 mil millones de pesos, los cuales requieren para seguir funcionando.
Pero el asunto no se trata de un Estado mala paga por ausencia de recursos. La verdad es que de los recursos manejados por el Fosyga, más de cinco billones de pesos fueron invertidos por el mismo Gobierno en la compra de TES, es decir el Gobierno mismo tomó prestados los recursos de la salud vía emisión de títulos de deuda pública que el Fosyga compró y hoy día no puede liquidar de manera inmediata.
Es decir, la plata que los colombianos y colombianas afiliados al régimen contributivo pagan para que ellos y los afiliados al régimen subsidiado (Sisben) tengan salud, el Gobierno la utilizó para cubrir gastos generales del Estado y a cambio le entregó al Fosyga unos TES casi imposibles de vender sin que haya pérdidas.
Por ello es que dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, y cuyas normas reglamentarias están a la espera de ser dadas a conocer a la opinión pública, están las de suprimir todo servicio, tratamiento o tipo de atención con cargo a los recursos del Fosyga, trasladando sus costos al usuario quien deberá cancelarlos en adelante con cargo a sus propios recursos, y de no tenerlos, accediendo a créditos que la solícita banca colombiana está pronta a ofrecer.
Pero si por este lado el Gobierno Nacional pretende solucionar la crisis del sector salud recortando los gastos a través del abandono del cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el acceso universal a la salud a toda la población, por el otro pretende aumentar el recaudo de tributos que permitan allegar más recursos a sus arcas.
Para ello ha planteado la creación de nuevos impuestos, o el incremento de los ya existentes, a las bebidas alcohólicas, al tabaco y a los juegos de azar, tributos que por Constitución están orientados a financiar el sector salud y que constituyen la columna vertebral de las rentas de los departamentos y municipios, exceptuando el IVA.
¿Por qué más recursos para los departamentos y municipios? Sencillamente porque fue este Gobierno el que en diciembre de 2008, a través de la Resolución 5334 de diciembre 26 de ese año, pasó la carga económica del pago de los servicios No POS a los Departamentos, Distritos y Municipios, carga que a la fecha suma una deuda a las EPS de otros 500 mil millones de pesos, y que se proyecta al 2011 en más de seis billones de pesos.
Entre tanto, los millones de colombianos pobres, somos quienes pagamos los platos rotos de un Estado irresponsable, que convirtió la salud en un negocio financiero. Las medidas del presidente Uribe tienen como claros beneficiarios a los intermediarios financieros y las EPS y como victimas a los millones de compatriotas que se seguirán muriendo en la puerta de los hospitales, por no tener recursos para costear su salud.
Entonces vale la pena preguntarse: ¿este es el gobierno que queremos reelegir?
En las últimas tres décadas la guerra desarrollada por el narco-paramilitarismo, en connivencia con sectores de elites tradicionales y las fuerzas armadas, fue en lo esencial contra los campesinos pobres y medios y sus propiedades. En esa guerra criminal el 10% de la población del país quedó en condición de desplazada; se produjo un proceso de expropiación violenta de tierras que algunos calculan en algo más de 10 millones de hectáreas; una parte importante de la población víctima de la acción violenta de los grupos armados espera, que se le reconozcan sus derechos, restituyan sus tierras, repare integralmente y posibilite el desarrollo de sus proyectos de vida con dignidad.
Hace tiempo que se disputa la relación entre pobreza y violencia en todo el mundo, y en Colombia con más veras. Basta repasar la saga intelectual sobre el asunto desarrollado por la estirpe de los violentólogos que los hay de derecha y de izquierda. Ésta marchó en paralelo con la trágica descendencia de los Buendía que globalizó Gabriel García Márquez con el éxito literario de Cien años de soledad.
El Presidente de la Universidad de Georgetown tiene el agrado de informar a su distinguida clientela, formada por dictadores, genocidas, violadores de derechos humanos, terroristas de Estado, torturadores y periodistas (por aquello de ser sicarios de pluma y micrófono) de empresas como CNN, RCN, Caracol, Globovisión, Clarín, El País, El Mundo, La Vanguardia, El Tiempo, Fox News y otros cuya lista se me haría interminable nombrar en esta ocasión, sin incurrir en injustas exclusiones, que a partir del próximo primero de septiembre se integrará a nuestra nómina académica el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez como cafredrático de nuestra honorable institución.
Que los organismos internacionales dispuestos para el mantenimiento de la paz en el mundo no sean particularmente eficaces, no es un misterio para todos los que, sintonizando sus televisores sobre los noticieros de cualquier canal, se han dado cuenta que el planeta nunca ha cesado de estar en guerra.
Este año se cumplen ochenta años de la fundación del Partido Comunista Colombiano –PC- y, su militancia, la izquierda en su conjunto, pero sobre todo, el país en general tiene que celebrarlo. El Partido Comunista es la institución más importante de nuestra maltrecha democracia.
