En Risaralda la semana pasada se anunció la privatización de tres colegios por que la Secretaría de Educación tenia deudas con el fondo prestacional y el Ministerio le estaba obligando a entregar los colegios a terceros para pagar esta deuda, como lo denunció el Sindicato de Educadores de Risaralda.
Y en el Huila otra de las ciudades demandantes la baja en las matrículas, también causadas por la falta de interés por parte de los gobiernos locales y nacionales por iniciar acciones para atender la deserción, se han generada denuncias para atender esta problemática “todo porque la carga académica no va a alcanzar para el número de maestros de la capital opita, consecuencia generada por la deserción escolar y por la insistencia del Ministerio de Educación de mantener la relación de un docente por 45 alumnos.”.
Finalmente, mientras la ministra parece omitir estas problemáticas el magisterio en pleno parece denunciar que los problemas de la educación en atención y deserción termina con una violación constante de los derechos de los maestros, pues con la baja deserción se inicia el traslado de los docentes, entre otras cosas porque el Gobierno Nacional insiste en que la relación maestro alumnos debe ser de 45 por cada docente aunque la norma indica que es de 40 por maestro.
Para los maestros las declaraciones de la ministra de educación, Cecilia María Vélez White, parecen sonar a aun chiste de mal gusto o a las palabras de una persona en campaña, pues quien puede hablar de cobertura cuando no se atienden los problemas de deserción.
En las últimas tres décadas la guerra desarrollada por el narco-paramilitarismo, en connivencia con sectores de elites tradicionales y las fuerzas armadas, fue en lo esencial contra los campesinos pobres y medios y sus propiedades. En esa guerra criminal el 10% de la población del país quedó en condición de desplazada; se produjo un proceso de expropiación violenta de tierras que algunos calculan en algo más de 10 millones de hectáreas; una parte importante de la población víctima de la acción violenta de los grupos armados espera, que se le reconozcan sus derechos, restituyan sus tierras, repare integralmente y posibilite el desarrollo de sus proyectos de vida con dignidad.
Hace tiempo que se disputa la relación entre pobreza y violencia en todo el mundo, y en Colombia con más veras. Basta repasar la saga intelectual sobre el asunto desarrollado por la estirpe de los violentólogos que los hay de derecha y de izquierda. Ésta marchó en paralelo con la trágica descendencia de los Buendía que globalizó Gabriel García Márquez con el éxito literario de Cien años de soledad.
El Presidente de la Universidad de Georgetown tiene el agrado de informar a su distinguida clientela, formada por dictadores, genocidas, violadores de derechos humanos, terroristas de Estado, torturadores y periodistas (por aquello de ser sicarios de pluma y micrófono) de empresas como CNN, RCN, Caracol, Globovisión, Clarín, El País, El Mundo, La Vanguardia, El Tiempo, Fox News y otros cuya lista se me haría interminable nombrar en esta ocasión, sin incurrir en injustas exclusiones, que a partir del próximo primero de septiembre se integrará a nuestra nómina académica el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez como cafredrático de nuestra honorable institución.
Que los organismos internacionales dispuestos para el mantenimiento de la paz en el mundo no sean particularmente eficaces, no es un misterio para todos los que, sintonizando sus televisores sobre los noticieros de cualquier canal, se han dado cuenta que el planeta nunca ha cesado de estar en guerra.
Este año se cumplen ochenta años de la fundación del Partido Comunista Colombiano –PC- y, su militancia, la izquierda en su conjunto, pero sobre todo, el país en general tiene que celebrarlo. El Partido Comunista es la institución más importante de nuestra maltrecha democracia.
